Mtro. Gerardo Galicia
En México, cada vez con mayor frecuencia, los procesos judiciales no solo se libran en los tribunales, sino también en redes sociales, conferencias de prensa y titulares de medios. El fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años: la presión mediática se convierte en una herramienta para influir en la opinión pública y, en ocasiones, para intentar orientar el sentido de las resoluciones judiciales.
El caso de María Alejandra Galeazzi Sevenello es un ejemplo claro de cómo un proceso penal puede quedar atrapado entre narrativas públicas enfrentadas. Desde 2018, cuando la mujer murió tras sufrir un golpe en la cabeza, el expediente se convirtió en un tema recurrente en medios y redes. Mientras una parte de la familia insiste en que se trató de feminicidio, la defensa de su esposo, Jorge Mario Ramírez Maldonado, y familiares de la propia Alejandra, sostienen que que la muerte fue resultado de una caída, tal cual lo demostró la misma Fiscalía de Puebla con diversos peritajes. sin embargo resultó culpable.
En este caso, como en muchos otros, el debate público ha terminado por generar una especie de juicio paralelo. Conferencias de prensa, campañas en redes sociales, posicionamientos de familiares y filtraciones del expediente han convertido un proceso jurídico en una batalla por la narrativa. El problema no es que los casos se discutan públicamente —la transparencia es necesaria— sino cuando la presión social pretende sustituir el trabajo de los jueces.
Algo similar ha ocurrido con el proceso contra Javier López Zavala, exsecretario de Gobernación de Puebla, acusado por el feminicidio de Cecilia Monzón. El caso generó una enorme movilización social y mediática que puso el tema de la violencia política y de género en el centro del debate nacional. Sin embargo, esa misma presión ha provocado que cada movimiento del proceso judicial sea interpretado en clave política o mediática, lo que también genera riesgos para la imparcialidad del sistema.
Otro ejemplo que marcó al país fue el de Florence Cassez, detenida en 2005 acusada de secuestro. Durante años, la narrativa pública la presentó como culpable antes de que existiera una sentencia firme. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación al comprobarse graves violaciones al debido proceso, entre ellas la escenificación de su captura para la televisión. Aquel caso dejó una lección clara: cuando el espectáculo mediático se impone sobre la legalidad, la justicia termina debilitándose.
El problema de fondo es estructural. En un país con altos niveles de impunidad, las víctimas y sus familias recurren a los medios y a la presión pública como una forma de exigir justicia. Pero al mismo tiempo, esa presión puede generar otro riesgo: que los tribunales se vean empujados a resolver no con base en pruebas, sino bajo el peso de la opinión pública.
La justicia no puede depender de trending topics ni de conferencias de prensa. Tampoco puede ignorar el dolor de las víctimas. El reto es encontrar un equilibrio donde los casos se investiguen con rigor, las víctimas tengan voz y los acusados mantengan intacto su derecho a la presunción de inocencia.
Porque cuando la presión mediática intenta dictar sentencia, el sistema judicial corre el riesgo de perder su función más importante: decidir con base en la ley y en las pruebas, no en la narrativa que grita más fuerte.
