Mtro. Gerardo Galicia
En México, el pago de impuestos sigue siendo, para millones de personas, más una negociación moral que una obligación legal. El resultado se ve en los números: el país está en el sótano de la recaudación entre las economías de la OCDE, mientras una economía informal gigantesca compite —y muchas veces le gana— a la economía formal.
Un país que recauda menos de la mitad que sus pares
De acuerdo con las “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025”, la recaudación tributaria de México alcanzó 17.7 % del PIB en 2023, apenas una mejora frente al 16.8 % de 2022, pero todavía en la parte baja del ranking de la OCDE.
Para dimensionar el rezago: la OCDE estima que, en promedio, sus países miembros recaudan en torno al 33.9 % del PIB; México apenas llega a la mitad y se ubica entre las naciones que menos impuestos cobran, incluso por debajo de varios países latinoamericanos como Brasil o Chile.
El gobierno mexicano ha respondido con una cifra polémica: según el SAT, si se suman no sólo los impuestos sino todos los ingresos presupuestarios (incluyendo petroleros y otros conceptos), los ingresos del gobierno federal habrían representado 24.5 % del PIB en 2022, “nivel comparable al de países como Suiza”. Es decir, Hacienda sostiene que el problema no es tanto cuánto ingresa el Estado, sino cómo se mide y cómo se distribuye.
Pero detrás de esta disputa metodológica hay un hecho innegable: la base tributaria es pequeña, altamente concentrada y golpeada por la evasión y la informalidad.
Evasión: el hoyo negro de la recaudación
Los estudios más serios sobre evasión fiscal en México retratan un agujero recaudatorio que compite en tamaño con programas enteros del gasto público.
Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), basado en trabajos para el SAT y la SHCP, estima que en 2016 la evasión total equivalía a 16.1 % de los ingresos tributarios potenciales; en otras palabras, casi uno de cada seis pesos que deberían pagarse simplemente no llegó a la caja pública. Eso representó alrededor de 2.6 % del PIB y más de 510 mil millones de pesos en ese año, monto superior a lo que se destinó al ISSSTE.
Aunque la evasión habría disminuido respecto a años anteriores (en 2012 se estimaba en alrededor de 35.7 % de los ingresos potenciales, según estudios para la Cámara de Diputados), la cifra actual sigue siendo brutal: el Estado pierde, cada año, recursos equivalentes a varios presupuestos de salud, educación o seguridad juntos.
El SAT presume resultados: sólo en el primer trimestre de 2024 recaudó 162,807 millones de pesos por actos de fiscalización —auditorías, revisiones y cobro de créditos—, reforzando la narrativa de que “ya no hay condonaciones” y de que el combate a la evasión va en serio. Pero el propio volumen del “rescate” revela la magnitud del incumplimiento: si con tres meses de presión se levantan más de 160 mil millones, ¿cuánto se sigue escapando cada año fuera de la lupa del SAT?
La otra cara: un país mayoritariamente informal
La evasión no se explica sólo por empresas que maquillan estados financieros o grandes contribuyentes que litigan sus adeudos. Se asienta en un terreno mucho más amplio: la informalidad.
Según la Medición de la Economía Informal 2023 del INEGI, la economía informal representó 24.8 % del PIB nacional en 2023, la proporción más alta en una década. En términos sencillos: de cada 100 pesos producidos en el país, 25 provienen de actividades realizadas en la informalidad y 75 de la economía formal.
En el mercado laboral la foto es todavía más cruda. Datos de organizaciones especializadas y del propio INEGI indican que, para 2024–2025, alrededor de 54–55 % de las personas ocupadas en México tienen un empleo informal; es decir, más de la mitad de los trabajadores carece de seguridad social plena y, en muchos casos, no emite facturas ni paga ISR o IVA de manera sistemática.
En esas condiciones, el sistema fiscal mexicano descansa sobre un grupo relativamente pequeño de contribuyentes: trabajadores asalariados formales —cautivos vía nómina— y un universo acotado de empresas que sí declaran completo. Para muchos de ellos, la percepción es clara: “Siempre nos cobran a los mismos”.
Cultura fiscal: entre la desconfianza y el incentivo perverso
No todo es estructura económica. Hay también un componente de cultura tributaria.
Encuestas de instituciones académicas y de investigación han mostrado consistentemente que la disposición a pagar impuestos en México está ligada a dos variables: la confianza en que el gobierno no desviará los recursos y la percepción de que el resto de la gente también cumple. Cuando el ciudadano ve corrupción, obras inacabadas y grandes casos de adeudos fiscales multimillonarios, el mensaje es tóxico: “el que paga es tonto”.
Paradójicamente, mientras se endurecen las reglas para los pequeños contribuyentes (comprobantes digitales, cancelación de CFDI, listas negras de proveedores simulados), los casos emblemáticos de grandes deudores se vuelven disputas judiciales largas y mediáticas, que refuerzan la sensación de impunidad fiscal en la cúspide.
¿Quién paga la factura?
El círculo vicioso es evidente:
Baja recaudación formal → menos recursos estables para políticas públicas.
Alta evasión e informalidad → el fisco presiona más a quienes sí están registrados.
Mayor sensación de injusticia → crece el incentivo a “salirse” del sistema o a subdeclarar.
Mientras tanto, el gobierno recurre a otras fuentes para cerrar la brecha: endeudamiento, ingresos petroleros, uso de fondos de estabilización. En 2024, México cerró con uno de los déficits fiscales más altos en décadas, en buena medida porque la recaudación sigue siendo insuficiente para financiar un Estado que promete mucho más de lo que cobra.
El dilema de fondo: reforma o parches
La discusión técnica está clara desde hace años: México necesita una reforma tributaria integral que amplíe la base, reduzca privilegios y diseñe un sistema más simple, progresivo y entendible. Pero la discusión política se sigue posponiendo porque ningún gobierno quiere pagar el costo de decirle a la ciudadanía lo obvio: habrá que pagar más y mejor, y el Estado tendrá que rendir cuentas como nunca.
Mientras eso no ocurra, el escenario es el de siempre: un país que recauda poco, tolera mucha evasión, vive mitad en la formalidad y mitad en la informalidad, y donde la carga efectiva cae sobre un grupo reducido de contribuyentes que sienten, con razón, que están financiando solos un sistema roto.
La pregunta incómoda, para gobierno y contribuyentes, no es si se pagan muchos o pocos impuestos, sino: ¿cuánta evasión estamos dispuestos a seguir normalizando?
