Paola Migoya.
Mejorar la movilidad social es una deuda pendiente de este gobierno y una asignatura urgente para el próximo gobierno. La pérdida acumulada del poder adquisitivo en los últimos treinta años, medida por la canasta básica, es de más del 85 por ciento.
A partir del 1 de enero de 2024, el salario mínimo en México crecerá 20 por ciento. El acuerdo, conseguido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), el órgano integrado por representantes de trabajadores, patrones y gobierno encargado de fijar el monto año con año, supone un aumento de 207 pesos a 248.93 pesos por día, para alcanzar una retribución mensual mínima de 7.468 pesos.
La inflación obliga a subir el salario mínimo pues en México hemos perdido poder adquisitivo. La crisis inflacionaria, la desaceleración económica y las secuelas de la pandemia han propiciado una caída drástica en el poder adquisitivo.
En México, los salarios reales siguen mostrando una tendencia del 7 por ciento por debajo de su valor real, por lo cual son meros anuncios sensacionalistas, que tienen una finalidad electorera, pero no generan el impacto en la movilidad social, ni en el mejoramiento de las condiciones reales del poder adquisitivo de las familias mexicanas.
La canasta básica ha incrementado 38 por ciento durante el gobierno de AMLO.
Una familia de cinco integrantes en una zona rural necesita cerca de 6,884 pesos cada mes sólo para costear la alimentación básica en nutrientes. Para la misma familia en una ciudad el costo asciende a 8,972 pesos mensuales.
En este momento hay 4.8 millones de mexicanos y mexicanas que probablemente no han comido y tal vez no lo harán en el resto del día. De acuerdo con cifras de la FAO, el 3.7 por ciento de la población total en México enfrenta inseguridad alimentaria severa. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el inicio del quinto año del gobierno del expresidente Fox, el kilo de huevo blanco en la Central de Abasto de la Ciudad de México, costaba 11.83 pesos y actualmente bajo la administración del presidente López Obrador, el kilo está en promedio, 47 pesos, es decir, más del cuádruple, y todos los precios básicos siguen incrementando.
El precio del huevo en México está en sus máximos históricos, el dinero que ganan las familias mexicanas cada día alcanza para llevar menos comida a sus casas y abona a una condición de miseria y precariedad alimentaria.
Cuando López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, un kilogramo de tortilla costaba 12.86 pesos en la Ciudad de México y el kilo de aguacate se vendía a un máximo de 47.78 en la Central de Abasto. Hoy, el kilo de tortilla cuesta $20 pesos en promedio. Es un incremento del 40 por ciento.
El kilogramo de limón sin semilla costaba máximo 12.80 pesos en la Central de Abasto de la CDMX. Hoy el precio de limón alcanza en promedio $45 pesos. Y en algunas temporadas ha estado en $100 pesos por kilo.
El precio promedio de un litro de leche era de 18.78 pesos en la Ciudad de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Actualmente, en los centros comerciales se vende hasta en 35 pesos el litro de la leche ultrapasteurizada.
El incremento de los salarios en términos reales es un engaño, mientras no se generen empleos bien pagados, condición que tiene que ver con dar seguridad jurídica a la inversión, seguridad en términos reales, para que los empresarios no sean extorsionados por el crimen organizado, lo cual ya impacta fuertemente en la economía del país, e impide que nuevas inversiones lleguen por el miedo que generan estos dos aspectos fundamentales para que la inversión llegue. Y el país alcance niveles de competitividad empresarial.
En México ha crecido la informalidad y esto arrastra por ende salarios bajos, que carecen de prestaciones de ley abonando a una precariedad salarial y nula movilidad social.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) presenta los resultados del segundo trimestre de 2023, de acuerdo a este informe la informalidad incrementó, hay al menos 15.8 millones de personas, la economía informal en México avanzó 3.1 por ciento, y sumó cuatro trimestres por debajo del crecimiento de la actividad productiva total de acuerdo al INEGI.
Otro factor que está impactando en la economía de las familias mexicanas es que hoy más de 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud, ni a medicamentos, y destinan parte de sus ingresos a cubrir sus necesidades médicas. Antes este gasto era cubierto por el Seguro Popular.
El presidente López Obrador dijo que en diciembre de 2023 México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca.
Su idea es emular el Estado de Bienestar donde el Estado asume un rol protagónico en la provisión de los servicios de salud desde el nacimiento hasta la muerte. En Dinamarca se asigna un médico de cabecera según la localidad donde se viva y se dota de medicamentos a los pacientes. Hay una diferencia abismal, mientras Dinamarca tiene 1 médico por cada 244 habitantes, en México apenas tenemos 1 médico por cada 417 habitantes.
El desabasto de medicamentos, es un grave problema por el desmantelamiento del sistema de compras y distribución especializado que el IMSS había encabezado en los últimos años. Las modificaciones generaron un desabasto que persiste hoy en día, lo que derivó en la desatención de enfermedades como VIH, diabetes y cáncer, entre otras. Colectivos han reportado en un estudio llamado “Radiografía del Desabasto” que desde el año 2019 al 2021 no se surtieron de forma efectiva poco más de 49 millones de recetas en las principales instituciones de seguridad social, que se traduce en un promedio trianual de 16.3 millones de recetas; que representa un incremento muy significativo comparado contra los datos del 2017 y 2018, en donde no se surtieron 3.5 y 2.9 millones de recetas respectivamente, es decir, las recetas no surtidas de forma efectiva se encontraba en aproximadamente 1.2 por ciento de las recetas totales y para el 2021 dicho porcentaje se elevó al 9.7 por ciento. De qué sirve las becas del bienestar, si se tienen que destinar para pagar las necesidades de salud, que deberían ser atendidas por el estado.
El presupuesto destinado al sector salud es insuficiente: para el 2023 un incremento global de 4.2% comparado con lo aprobado para 2022 y es insuficiente. El gasto en salud es equivalente al 2.84 por ciento del PIB, lo que significa que se mantiene una brecha presupuestaria de, al menos, 3 puntos del PIB con relación a la recomendación de la OMS de destinar por lo menos el 6 por ciento del PIB a la salud para atender las necesidades que demandan los mexicanos. Este bajo nivel de financiamiento desatiende las recomendaciones internacionales, restringe los servicios de salud, obliga a decidir entre niveles de atención y hace irrealizable la meta de alcanzar un sistema como el de Dinamarca ya que ese país invierte alrededor del 11 por ciento de su PIB en salud, es decir, cuatro veces más que México. Presupuestar es gobernar y es como se demuestra la verdadera voluntad del gobierno.
Esta falsa austeridad y mala planeación presupuestal, ha traído consigo un aumento en el gasto de bolsillo de millones de familias mexicanas.
La falta de inversión pública en salud generalmente se cubre con recursos del bolsillo de las familias. Este gasto se incrementó en 40 por ciento de manera general y 68 por ciento en el concepto de pago por medicamentos, demostrando que tampoco se ha procurado la protección financiera de las personas. Esto debilita el progreso hacia la cobertura universal, al ser una barrera que discrimina entre quienes tienen recursos y quienes no para su atención médica.
El aumento del salario mínimo sin atender de manera eficiente estos rubros es un verdadero cuento chino, un atolazo con el dedo, que tiene como finalidad la continuidad de este régimen. Espero de verdad que el próximo gobierno empiece por atender los problemas reales de nuestro país por el bien de todos y sobre todo de los que menos tienen.
