El Ojo Poblano
La controversia que rodea al certamen Miss Universo 2025 escaló a un nivel judicial luego de revelarse que Raúl Rocha Cantú, propietario del concurso, enfrenta una orden de aprehensión emitida por autoridades federales por cargos de narcotráfico.
El empresario se acogió al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República (FGR) en medio de una investigación por delitos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos y suministro de armas a grupos criminales.
El certamen ya atravesaba un clima tenso tras la coronación de Fátima Bosch, cuya victoria generó versiones de presunto fraude. Omar Harfouch señaló que la representante mexicana habría sido favorecida por un supuesto acuerdo entre su padre, Bernardo Bosch, y el propietario del concurso. Aunque las acusaciones fueron ampliamente difundidas, ni la organización de Miss Universo ni alguna autoridad han confirmado la existencia de dicho pacto.
Las polémicas se extendieron más allá del resultado. Miss Costa de Marfil renunció a su título en medio de señalamientos relacionados con su padre, el alcalde de Cocody, cuestionado por presuntos gastos irregulares, lujos injustificados y posibles inconsistencias financieras que generaron presión mediática en su país.
La FGR obtuvo la orden de aprehensión contra Rocha Cantú el 15 de noviembre, por presuntos vínculos con el robo de combustible y tráfico de armas para el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra, organización criminal de Veracruz.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, se formalizó su acuerdo como testigo colaborador, una figura legal que permite aportar información relevante a cambio de beneficios procesales.
La investigación de la Fiscalía indica que la red operada por el dueño de Miss Universo habría participado en actividades de huachicol desde Guatemala, además de facilitar armamento a grupos delictivos asentados en el Golfo de México.
De acuerdo con el expediente, el 21 de octubre Rocha acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para solicitar su ingreso al programa de colaboración, donde presentó datos sobre contrabando de hidrocarburos, movimientos financieros y presuntos vínculos con funcionarios y empresarios. La formalización del acuerdo se concretó el 19 de noviembre.
