El Ojo Poblano
Una de las instituciones financieras más grandes de México, “Banco Azteca” emprendió acciones legales contra siete periodistas y comunicadores digitales por presunto daño moral. Entre los demandados se encuentran figuras conocidas como Vicente Serrano, Ignacio Rodríguez “El Chapucero” y Jorge Gómez Naredo.
Según la institución bancaria, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, estos comunicadores publicaron una serie de críticas en redes sociales, específicamente en la plataforma X (antes Twitter), durante enero y febrero de 2024. estas publicaciones habrían provocado una crisis institucional que resultó en la pérdida del 7% de sus depósitos. Ante esto, Banco Azteca busca responsabilizar a los comunicadores con “responsabilidades millonarias”.
La organización independiente Artículo 19 ha calificado estas acciones como una vulneración a la libertad de expresión. Según la ONG, las demandas no solo afectan a los periodistas involucrados, sino que también envían un mensaje intimidatorio a toda la sociedad.
El posible efecto inhibidor no sólo afecta a los hoy demandados, sino que vulnera la Libertad de Expresión de la ciudadanía mexicana, siendo un mensaje a toda aquella persona que quiera publicar información incómoda de empresas o poderes económicos”, señaló Artículo 19.
Además, la organización destacó que estos procesos legales, al ser impulsados por una empresa con gran poder económico, pueden tener efectos adversos en la salud emocional de los comunicadores y generar un clima de autocensura.
La organización también expresó preocupación por el hecho de que la empresa haya presentado demandas en diferentes jurisdicciones, incluyendo cortes de California y procesos penales y civiles en Jalisco. Según Artículo 19, esta estrategia solo está reforzando un mensaje de amenaza hacia quienes opinan o publican información crítica sobre empresas.
La ONG hizo un llamado al Poder Judicial del Estado de Jalisco para que actúe “conforme a los más altos estándares sobre Libertad de Expresión”. Reiteró la importancia de proteger este derecho fundamental, especialmente en casos donde empresas poderosas buscan silenciar voces críticas.
